COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tras las noticias de los días de ayer y hoy sobre los hechos acontecidos en el IES de Lugones, así como en Llanes, vinculados a situaciones de acoso escolar, o a la práctica del “cutting” y el abecedario chino detectado entre alumnas/os, deseamos reiterar una vez más que, las expulsiones y los procesos sancionadores no son la herramienta más útil y efectiva para eliminar éste u otro tipo de conductas, y no corresponden a un modelo preventivo ni educativo.
Más allá de las medidas puestas en marcha en el protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar en los centros docentes no universitarios del Principado de Asturias, y tal y como hemos trasladado en su día al Consejero de Educación D. Genaro Alonso Megido, es necesario acometer una reforma profunda que permita a las alumnas y alumnos recibir una educación integral, inclusiva y centrada en las necesidades de cada persona, con el trabajo normalizado con las familias, centrado en la prevención y la intervención socioeducativa, sin la sobrecarga que ya poseen los profesionales de los centros, abordaje de una educación para la salud, en igualdad, conductas adictivas, educación sexual, acoso y cualquier otro ámbito necesario para que se intervenga con tiempo suficiente y construyendo entornos seguros y de confianza, con profesionales estables que como en otras CC.AA. ya hace muchos años trabajan en ese sentido, y por eso desde el COPESPA, hacemos una vez más pública la necesidad de ese cambio también en Asturias, para no perder el tren que ya hace años cogieron otros territorios, recordando que las y los profesionales de la Educación Social, dentro del ámbito educativo, nos formamos de manera específica entre otros aspectos, para la convivencia, la mediación y resolución de conflictos; para la prevención e intervención del absentismo escolar; la dinamización y participación familiar y comunitaria; para la educación en valores y competencia social, así como otros aspectos, que permiten disponer a la administración pública de manera efectiva de un colectivo profesional, formado y cualificado para contribuir a una educación integral e integrada, inclusiva y dispuesta a trabajar con el resto de profesionales que contribuyen en la educación de niños y niñas.